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Quien realiza labores socialmente necesarias y está muy involucrado en el sistema legal del país al que ha venido debería poder considerarse a sí mismo participante futuro o potencial también en la política; debe, pues, ser puesto en el camino a la ciudadanía. Podrá decidir no convertirse en ciudadano, regresar a casa o quedarse como residente extranjero. Muchos –tal vez la mayoría– decidirán regresar por los lazos emocionales con su familia nacional y su tierra nativa. Pero las cosas no quedarán como antes, pues, si tienen la opción, la economía local y la ley probablemente tomen otro cariz: un reconocimiento más firme de las libertades cívicas de los trabajadores huéspedes y alguna mejoría de sus oportunidades para la negociación colectiva serán difíciles de evitar una vez que sean vistos como ciudadanos potenciales.

Los procesos de la autodeterminación a través de los cuales un Estado democrático configura su vida interna deben estar abiertos por igual a aquellos hombres y mujeres que vivan en su territorio, trabajen en la economía local y estén sujetos a la ley local. Por consiguiente, la segunda admisión (la naturalización) depende de la primera (la inmigración) y está sujeta a ciertas restricciones de tiempo y calificación, nunca a la restricción última de su denegación. Cuando la segunda admisión es denegada, la comunidad política degenera en un mundo de miembros y extraños sin fronteras políticas entre ambos, donde los extraños son súbditos de los miembros. “Entre sí tal vez los miembros sean iguales; pero no es su igualdad sino su tiranía lo que determina el carácter del Estado. La justicia política es un impedimento para la permanente extranjerización –lo mismo para individuos concretos que para una clase de individuos variables–. Ello es verdad al menos en una democracia. […] O bien la persona está sujeta a la autoridad del Estado o no lo está, y si lo está, debe dársele voz, y en última instancia una voz igualitaria, respecto de lo que la autoridad haga. Los ciudadanos democráticos tienen entonces una opción: si quieren atraer a nuevos trabajadores, deben prepararse para ampliar su propia pertenencia”.

La naturalización es íntegramente apremiante (otra vía es la de los tratados internacionales con los países de origen para el reconocimiento de los derechos de sus ciudadanos). Los ciudadanos tienen la libertad, por supuesto, de fundar un club, hacer la pertenencia tan exclusiva como se les antoje, redactar una Constitución y gobernarse unos a otros. Pero no pueden exigir jurisdicción territorial y dominar al pueblo con quien comparten el territorio. Hacerlo equivale a obrar fuera de su esfera y más allá de sus derechos. Es una forma de tiranía. En verdad, el dominio de ciudadanos sobre no-ciudadanos, de miembros sobre no-miembros, es posiblemente la forma más común de las tiranías en la historia humana.

La denegación de la pertenencia es siempre la primera de una larga cadena de abusos. Es sólo como miembros en algún lugar como las personas pueden tener la esperanza de compartir todos los otros bienes sociales (además del de la pertenencia) –seguridad, riqueza, honor, cargo y poder– que la vida comunitaria hace posible.

Tiranía es, desde luego, una palabra fuerte, inequívoca. Quien la pronuncia es el mismo que defiende que el derecho a escoger una política de admisión es muy importante. “En juego está la configuración de la comunidad que obra en el mundo, ejerce la soberanía, y así sucesivamente. La admisión y la exclusión se hallan en el núcleo de la independencia de la comunidad. Sugieren el significado más profundo de la autodeterminación. Sin ellas no podría haber comunidades de carácter históricamente estables, asociaciones continuas de mujeres y hombres con algún compromiso especial entre sí y un sentido especial de su vida común”.

¿Qué voz estamos escuchando? De nuevo y por última vez, la de Michael Walzer. Con esta entrada cerramos una serie dedicada a él: una, dos, tres, cuatro y cinco (la presente).

Rafael Aliena

Fuente cuadro: Museo del Prado

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