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¿Socava la inmigración el apoyo político al Estado del bienestar? Para Philippe Legrain es asunto que queda por decidir: puede que sí, pero no necesariamente. Su modelo es Canadá, un país mucho más diverso que los Estados Unidos. Lejos de mermar la solidaridad, este hecho la aumenta: los canadienses hacen de la diversidad virtud; actualmente se contempla como una parte esencial de lo que los une y los distingue de otras naciones. En lugar de avanzar dando tumbos hacia la actitud americana del “sálvese quien pueda”, la población cada vez más diversa de Canadá se enorgullece de su sistema social de asistencia sanitaria y de la redistribución de sus impuestos.

No existe –de acuerdo con los estudios que ha consultado Legrain– relación alguna entre el porcentaje de la población nacido fuera del país y el aumento del gasto social a lo largo de las tres últimas décadas del siglo XX. El gasto social, no obstante, aumentó más lentamente en los países en los que, durante ese período, se produjo un fuerte incremento de la inmigración.

Tampoco halla Legrain pruebas de que las políticas multiculturales tiendan sistemáticamente a debilitar el sistema de bienestar social. Los países que han adoptado este tipo de programas no vieron sus sistemas erosionados, ni se produjo en ellos una ralentización del gasto social en comparación con los países reacios a dichos programas. Es más, por lo que respecta a las dos medidas que reflejan más directamente la política social –el gasto social y la redistribución fiscal y de las transferencias–, los países con políticas multiculturales más avanzadas ofrecieron mejores resultados que el resto. Aunque la diversidad étnica puede erosionar la confianza en los vecinos, esto no debilita el respaldo a la redistribución social. “No existen pruebas de que la mayoría le dé la espalda a la redistribución por el hecho de que algunos de los beneficiarios sean extranjeros”, concluye Keith Banting. Sépase que el libro se publicó originalmente en 2007.

El hecho de que los norteamericanos blancos no quieran pagar las prestaciones sociales de los negros pobres no prueba que una mayor inmigración socave el sistema de asistencia social. E incluso si lo hiciera, una serie de reformas en el sistema de bienestar social podrían apuntalar el respaldo hacia el mismo. Actualmente ya se da la situación de que la mayoría de países no permiten a los inmigrantes reivindicar la mayoría de prestaciones nada más llegar. Si los inmigrantes no pueden hacer uso del sistema de bienestar social, está claro que no pueden mermar el apoyo que recibe. En segundo lugar, dado que algunas personas son consideradas vagas o no merecedoras de asistencia, se puede endurecer la normativa, haciendo, por ejemplo, que el subsidio de desempleo esté condicionado a la búsqueda activa de trabajo. En todo caso, como los contribuyentes estarán en contra de que cualquiera –no sólo los inmigrantes– abuse del sistema, tales reformas tendrían sentido desde el punto de vista político (y económico). En tercer lugar, puesto que los inmigrantes permanentes son considerados como una carga neta para las finanzas públicas –algo sobre lo que no existen pruebas concluyentes–, las prestaciones sociales pueden vincularse más estrechamente a las contribuciones.

No se puede negar que la inmigración requiere de la aquiescencia política de los votantes, no por el hecho de que los nativos puedan “tener razón” al no querer extranjeros entre ellos, sino porque pueden preferir vivir en una sociedad cerrada y reaccionar con hostilidad frente a los extranjeros no deseados. Para que la inmigración sea viable, es necesario que los nativos estén convencidos de que es beneficiosa. Se han de disipar sus temores, justificados o no. Algunos países como Japón, prefieren prohibir la entrada de extranjeros a toda costa. Puede que usted y yo –nos interpela Legrain– no queramos vivir en una sociedad así de cerrada, pero otros sí quieren, y tienen derecho a formar una comunidad política separada. Sin embargo, en países que ya han admitido un número considerable de inmigrantes la situación es muy diferente. Las razones para excluir a los extranjeros no pueden basarse en sus diferencias étnicas o raciales, porque en la comunidad nacional ya están presentes personas de diferentes orígenes étnicos y razas: por ejemplo, no sería legítimo excluir a los negros de Gran Bretaña basándose en que Gran Bretaña es un país completamente blanco, porque ya no lo es.

Rafael Aliena

 

Fuente imagen: aquí.

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